El polémico artículo 17bis

Hace un par de semanas hablábamos de la LAECAP en este blog y de cómo gran parte de lo propuesto en la ley era discutido enérgicamente en la red (Fernando Acero tiene extensos y muy acertados artículos sobre este tema). Parece que todavía nuestros políticos no se enteran de la diferencia entre un estándar abierto y un estándar internacional (el ejemplo más claro es el del MP3: un estándar internacional que no es abierto y está sujeto al pago de patentes, algo que no tiene sentido si se trata de la administración pública, ¿no creéis?).

Relacionado con este tema, aunque solamente sea porque trata de leyes y de propuestas que no tienen ningún sentido desde lo cabal en Internet, surgía a comienzos de esta semana otra gran polémica por una ley que provocó mucho follón, la LSSI, ahora ya casi olvidada. Olvidada hasta que en el anteproyecto de ley de su nueva versión, la LISI, se propuso que fueran las entidades de gestión (por ejemplo, la SGAE) lo que en la LSSI se denominaba de forma abstracta «la autoridad competente». Con esta medida, lejos de convertirse en la Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, la LISI ha provocado un monumental enfado dentro de los internautas españoles. Y con razón, diría yo.

¿En qué cabeza cabe que una organización no gubernamental como la SGAE se convierta en autoridad competente para vetar determinados contenidos? ¿Os imagináis a otras ONGs decidiendo sobre aspectos legales? Terribles ejemplos vienen a mi mente: la Fundación Esther Koplowitz podría encargarse de ser la autoridad competente en materia de sanidad, la Fundación Francisco Franco, ONG subvencionada por la Comunidad de Madrid, podría ser la autoridad competente en material de prensa escrita, la Real Federación Española de Caza podría ser la autoridad competente en materia medioambiental, y así sucesivamente.

¿Por qué el Gobierno delega en asociaciones no gubernamentales cuestiones tan importantes?

La censura en Internet es algo grave, pero también lo es el canon digital o la gestión de los derechos de autor. Algunos queremos que el gobierno nos grave con impuestos culturales. Sí, sí, quiero pagar con mis impuestos las iniciativas del Ministerio de Cultura. Lo que no quiero es pagar con un canon lo que a la SGAE, Promusicae o quien sea le parezca oportuno, porque suele dar la santa casualidad de que es justamente lo que yo no haría con ese dinero. El problema está en que si eso mismo lo hace el Ministerio de Cultura, se critica, se vota a otro partido, se plantean Iniciativas Legales Populares o lo que sea; pero si lo hace una ONG de la que no eres socio, te fastidias y ya está.

Siento ponerme así, pero este tema me escama especialmente :-/

En elmundo.es comentan lo sucedido con la LISI, aportando bastantes datos.

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